Ibarrísimo XV (Sobre el canon digital)

El canon debe ser sustituido por una cantidad que el Estado garantizará para la “industria cultural nacional”, a partir de los ingresos por compensación por copia privada que se prevén recaudar con la legislación vigente. Es decir, que se haga en función de los ingresos declarados por venta de sus obras en las respectivas declaraciones de la renta, de modo que cobrarían todos los que hayan conseguido vender al menos una obra.

El canon ha generado rechazo porque es indiscriminado, dado que grava a todos con independencia del nivel de rentas del comprador y supone que todo el que compra un soporte digital lo va a utilizar para copia privada.

No es transparente porque el importe del canon no es proporcional al precio de lo que se adquiere, sino que es calculado según otros elementos discrecionales y porque no se conoce el destino de los fondos que se recaudan.

Un partido de izquierda debe favorecer al máximo el acceso y uso del conocimiento a los ciudadanos, como elemento clave del progreso de los pueblos en términos de equidad.

Es necesario que desde el gobierno se habiliten mecanismos que que ayuden a los ciudadanos a beneficiarse del conocimiento, a través de la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Parece claro que en la sociedad actual del siglo XXI la existencia de la copia privada ya no es un principio a cuestionar y ha estado reconocida en la legislación de muchos estados (no en la de todos) como elemento que facilita el acceso universal a los bienes culturales

Existe desde que comenzaron a aparecer dispositivos, como las fotocopiadoras, que permitían reproducir total o parcialmente elementos sujetos a propiedad intelectual.

Parece lógico que a estas alturas, proponer eliminar de la legislación española el derecho a copia privada no parece lo más acertado. Dicho de otra manera, si no existiera este derecho, se debería perseguir a quien lo practicara, y no parece lógico a estas alturas que se considere delito hacer unas fotocopias o copiar un contenido audiovisual.

Otra cosa es que se restrinja el alcance de lo que es posible hacer con el derecho a copia privada. Por tanto, las consecuencias a la infracción al derecho de copia privada deben ser convenientemente mesuradas por el legislador y sobradamente conocidas por el ciudadano.

Parece razonable que, al existir el derecho a la copia privada, exista un mecanismo compensatorio que permita que la creación cultural pueda seguir existiendo, inyectando en el sistema la financiación que compense la falta de ingresos por la copia privada.

Si bien un gobierno de izquierdas debe facilitar el hecho cultural promoviendo la existencia de creadores y también el acceso universal al producto cultural, lo que ya es mucho menos importante es garantizar los intereses de una industria cultural, y menos si estos intereses están contrapuestos con otra industria, que es la tecnológica y de la sociedad de la información

Juan Carlos Rodriguez Ibarra
Secretario General del PSOE de Extremadura
En la enmienda de adición al documento marco de la Conferencia Política del PSOE que se celebrará este fin de semana en Madrid.

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