Dice un dicho muy español aquello de: En casa del herrero cuchillo de palo. Y aunque no me guste utilizar el refranero, en este caso tiene razón. Nos empeñamos una y otra vez en decir que tienen que hacer los demás mientras nosotros dejamos de hacer eso o incluso hacemos lo contrario. Nos empeñamos en juzgar e implantar justicia más allá de nuestras fronteras, buscar y perseguir asesinos y genocidas internacionales mientras tenemos debajo de nuestros campos, a pocos metros, los huesos de muchos españoles mal enterrados y no se molesten en recuperarlos. Y entonces, tienen que venir de fuera a recordarnoslo:

España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja –de manera reiterada– al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.

De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.

El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

No es posible que los Tribunales españoles –en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional– hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

Este es el manifiesto que Amnistía Internacional publicó ayer bajo el título “Para pasar página, primero hay que leerla” en el que pide al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Si estás de acuerdo puedes firmarlo aquí.

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